Seguramente hay pocas personas que no hayan oído a alguien quejarse de la factura de la luz a su alrededor en los últimos meses. El coste de la electricidad se ha disparado tanto que de pronto nos hemos convertido (a la fuerza) en expertos de Kw/h, horas valle o potencia contratada.
¿Y si hubiera otra manera de consumir energía? Y hacerlo, además de a un precio más reducido, contribuyendo a la economía local y la sostenibilidad de una zona geográfica. Esa es la filosofía de las comunidades energéticas, un modelo que se basa en una premisa inicial: un grupo de vecinos se une para beneficiarse de forma conjunta de las mismas instalaciones locales de generación eléctrica o térmica.
El objetivo común es usar esa energía para el propio consumo, pero también mejorar la eficiencia energética o desarrollar sistemas de movilidad sostenible. Además, los socios pueden dedicarse, no solo a consumir la energía que producen, sino a comercializarla, almacenarla o incluso prestar de servicios de recarga de vehículos eléctricos.
Una comunidad energética puede estar formada por personas físicas, pymes o autoridades locales, que voluntariamente, y con una participación cooperativa, se unen para obtener beneficios energéticos, sociales, medioambientales y económicos.
En muchos de los casos ya implantados, el origen de esta comunidad energética son las instalaciones fotovoltaicas impulsadas por un ayuntamiento, que se incorporan a la cooperativa para que su producción pueda ser aprovechada por familias del entorno. En concreto, en un entorno de 500 metros a la redonda. Y es que una comunidad energética se organiza en zonas concretas, donde se ubican las instalaciones fotovoltaicas, que pueden repartir energía en un radio de 500 metros a la redonda. Hay una condición básica: tiene que haber alguien que esté consumiendo donde se produce, y la energía sobrante se reparte entre el resto de las personas de la cooperativa.
“La participación de un ayuntamiento siempre ayuda al éxito de la comunidad energética, porque se trata de un agente que genera confianza entre los vecinos y ayuda a que mucha más gente se sume”, explica Fernando Alguacil, técnico de energías renovables de la Diputación de Granada, que destaca el importante aumento en la creación de comunidades energéticas en los últimos meses.
“Estamos en un momento incipiente y hay que tener cautela antes de poner en marcha un proyecto de este tipo, porque hay algunas empresas privadas que están ofreciendo a los ayuntamientos fórmulas de vinculación que no siempre son las más beneficiosas”, advierte Alguacil. Desde la Diputación de Granada recomiendan “informarse muy bien y buscar asesoramiento técnico externo” antes de cerrar un acuerdo para impulsar una comunidad energética.
El ayuntamiento como ‘tractor’ fue el origen, por ejemplo, de una de las primeras comunidades a nivel nacional, impulsada en nuestro entorno: la comunidad energética del Río Monachil. Actualmente implica a tres núcleos urbanos y son vecinos, asociaciones, pymes y Ayuntamiento los que participan en el autoconsumo colectivo. El Ayuntamiento de Monachil puso a disposición de los vecinos el excedente de energía producida por las placas solares instaladas en edificios municipales, de modo que lo que “sobraba” de energía para autoconsumo del propio ayuntamiento pudiera ser aprovechado por los socios de la cooperativa ubicados en el mencionado radio de 500 metros a la redonda. A esas primeras placas solares se van sumando otras instaladas por los propios vecinos para seguir aumentando el radio de implantación de la comunidad energética.
“No hay que tener un perfil específico para ser socios de una comunidad, cualquier institución, pyme o persona física podría formar parte de una”, asegura Fernando Alguacil, que aconseja en los inicios “generar un grupo motor que sea el que lance la idea de la comunidad energética en un territorio y que vaya involucrando al resto de la gente, con charlas informativas, contactos, etc., para así asegurar el seguimiento del proyecto”. Algunos otros ejemplos de comunidades en nuestra provincia se encuentran en municipios como Salar o Escúzar.
Participación abierta
El espíritu de la comunidad energética es que tiene que ser abierta a todo el que quiera participar, siempre que sean personas físicas, pymes o entidades locales. Esa participación es voluntaria y da lugar a una gestión autónoma, en la que los socios de la cooperativa tienen el control de forma consensuada. Se trata de una forma de gobernanza democrática directa basada en la igualdad de derechos en la toma de decisiones, es decir, una persona un voto. “La participación en una comunidad energética tiene que ser siempre voluntaria, tanto para entrar como para abandonarla cuando así se decida”, explica Fernando Alguacil.
A los beneficios medioambientales de la comunidad energética se suma otro: permite reducir costes y ahorrar en la factura de la luz, pues al no depender de las grandes compañías del sector, las personas que forman la cooperativa toman el control de lo que consumen y lo hacen con total transparencia.
El objetivo final es lograr una mayor participación de la ciudadanía en el sector energético, para reducir costes y garantizar el derecho de acceso a la energía.
Tanto en el caso de Monachil como en otros ejemplos impulsados en otros municipios, hay un beneficio añadido más: combatir la pobreza energética ayudando a las familias del municipio que no pueden hacer frente al coste de la luz. La comunidad energética contribuye a que los hogares más necesitados ubicados dentro del radio de acción de esa zona, también puedan tener energía a un precio reducido.
Las comunidades energéticas son una herramienta para paliar el notable incremento del precio de la electricidad a la vez que apostamos por una energía renovable y sostenible, y contribuimos a mejorar la economía y el medio ambiente de nuestro entorno más cercano.
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